30 años de anormalización lingüística

Jorge Campos Asensi | 13 Juny 2016

JORGE CAMPOS ASENSI.

Se cumplen ahora 30 años de la aprobación de la llamada ley de “normalización lingüística” de Baleares. Gracias al Partido Popular de Gabriel Cañellas se aprobó una ley copiada de la catalana del “molt imputable” Jordi Pujol que estableció las bases legales para, en la práctica, erradicar el español de la enseñanza y sustituir el mallorquín, menorquín e ibicenco por el catalán. Si bien el balear ya había sido condenado legalmente, 3 años antes, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, cuando, a diferencia del valenciano, se decidió políticamente que la lengua “propia” de Baleares fuera el “catalán”.

Gabriel Cañellas, y los que entonces gobernaban con él, legislaron como lo hubiera hecho el PSM de la época, los actuales proetarras de MÉS. De hecho, la izquierda nacionalista que ahora nos gobierna, con la ultra Armengol al frente, es la principal defensora de la legislación lingüística aprobada por el PP “cañellista/regionalista”, catalanista realmente.

Los orígenes de estas leyes liberticidas aprobadas en todas las Comunidades Autónomas con lenguas regionales, y que no encontramos en ninguna democracia occidental, se encuentran en los tiempos de la UCD cuando, desde el gobierno de la nación, se cede a las exigencias de los nacionalismos locales estableciendo la enseñanza en la lengua regional, al principio mediante Decreto al disponer sólo de los precedentes legales de la Constitución.

Como este invento tenía el carácter de medida provisional, aparecieron las Leyes de Normalización, pero no ya del Ministerio de Educación, sino de los Gobiernos autonómicos, que con el pretexto de regularizar la enseñanza y uso del idioma regional establecieron las bases para una enseñanza masiva en el idioma vernáculo y la progresiva erradicación del idioma de entendimiento entre españoles. El modelo fue la ley catalana, aprobada por todos los partidos en el Parlamento catalán, que pese a las graves dudas de inconstitucionalidad que llevaron al Tribunal Supremo a consultarlo con el Tribunal Constitucional, fue aprobada sin más por el Gobierno español, por entonces socialista.

Lo más insólito de este tipo de normativa es la obligatoriedad de que la lengua vehicular de la enseñanza sea el catalán, y que, a su vez, el objetivo sea que todos los niños al final de la escolaridad dominen por igual el catalán y el castellano. Pero los políticos se lo tragan todo y ningún pedagogo se atrevió en su momento a decir esta boca es mía ante semejante aberración pedagógica. Tal vez porque también se disponía que, al menos, al iniciar la escolaridad se podría escoger el idioma. Sucedió después que tras los obstáculos que solían ponerse en las escuelas cuando los padres solicitaban la enseñanza en español, se estableció que en lo sucesivo toda la enseñanza se haría en catalán. Así apareció la inmersión, con todas sus secuelas de exigencias y bajo rendimiento.

Ante tanto atropello, la sociedad civil defensora de la libertad, con mucho esfuerzo y nulo apoyo político, consiguió que llegaran las sentencias que prohibieron la inmersión obligatoria: Cinco del Tribunal Supremo y tres del Tribunal Constitucional. Sentaban jurisprudencia. Sentencias con fuerza de ley que, lamentablemente, nuestro enfermo sistema democrático permite que no se apliquen, vulnerando uno de los derechos y libertades más fundamentales: Poder elegir la lengua de enseñanza, entre las oficiales del lugar.

Con la perspectiva de los años podemos afirmar que estas leyes y decretos han utilizado las lenguas regionales como los instrumentos políticos principales para adoctrinar, enfrentarnos y separarnos. Sin esta legislación el independentismo periférico no hubiera progresado.

El caso de Baleares es el modelo avanzado, perfeccionado, de esta anormalización lingüística: La mayoría de los ciudadanos tienen como lenguas maternas el español, o el mallorquín, menorquín o ibicenco, existe un idioma balear, con su gramática, diccionario e historia, y sin embargo, como decía al principio, su primer Gobierno autonómico dispuso la enseñanza en catalán.

Y aún hay quien celebra el 30 aniversario de una ley que ha originado tanto daño a la libertad, a la unidad, y a la cultura autóctona.
__________
Publicat a Mallorcadiario.com, 28/4/2016